Rajoy pide a Puigdemont que aclare si declaró la independencia de Cataluña y califica el referéndum de "ataque desleal y peligroso"
El gobierno español aprobó este
miércoles enviar un requerimiento al gobierno regional de Cataluña para
que especifique si el presidente catalán, Carles Puigdemont, proclamó la
independencia.
"Este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas del gobierno
que puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución. El
gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles y catalanes", explicó
en conferencia el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tras
presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este
miércoles.Horas más tardes, ante el congreso, Rajoy volvió al rechazar el referéndum por la independencia, que calificó de "ataque desleal y peligroso".

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"Queremos ofrecer claridad y seguridad jurídica. La respuesta de la Generalitat -el gobierno catalán- marcará los acontecimientos de los próximos días", agregó Rajoy.
En una conferencia posterior a la de Rajoy, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, dijo que el gobierno español y su partido, el PSOE, acordaron abrir en seis meses una reforma constitucional sobre el modelo de estructura territorial de España.
Sánchez y Rajoy, que se reunieron anoche, comparten la reflexión de que "ha llegado la hora de abordar la reforma constitucional", explicó el líder socialista.
Pero precisó que el PSOE se va a negar a que la reforma constitucional admita un referéndum de autodeterminación.
"Ataque desleal y peligroso"
Por la tarde, a las 16:00 hora local, Rajoy volvió a comparecer ante el Congreso español y subrayó en repetidas ocasiones que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal y un "ejercicio contra la democracia".Insistió en que las imágenes vistas aquel día mostraron las "dramáticas e inevitables consecuencias de la quiebra de la legalidad" y señaló a quienes impulsaron el proceso y organizaron el referéndum como "únicos responsables".
Asimismo, agradeció a los jueces, fiscales, policías y guardias civiles, cuya actuación consideró proporcionada.
Según el jefe del gobierno español, quedó claro que "el cuento de hadas del referéndum" no era tal: "No fue pacífica, ni gratuita, ni tendrá el reconocimiento de la Unión Europea y tendrá costos muy altos".
"Ninguna Constitución europea reconoce el derecho de autodeterminación. La independencia de Cataluña es contraria a cualquier norma de derecho internacional", subrayó.
Por otra parte, también hizo referencia a la disposición de dialogar con el gobierno de Madrid que había mostrado Puigdemont la víspera, en una comparecencia en el Parlamento catalán, y que el presidente catalán reiteró este miércoles.
"Soy un firme partidario del diálogo, pero debo advertir que no es posible aceptar la imposición unilateral de puntos de vista que no puede aceptar una de las partes. Y no se puede negociar sobre la titularidad de la soberanía nacional", dijo.
Y añadió: "Sin duda se puede dialogar en una situación como esta; se puede mejorar el marco de convivencia, pero en el marco de las instituciones existentes".
Ambigüedad
Esa ambigüedad de palabras hizo surgir dudas acerca del alcance de las mismas: ¿había declarado o no la independencia?
Tras su anuncio, los 72 diputados de las fuerzas independentistas (de un total de 135) firmaron un documento en el que declaraban la constitución de una "república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
La comparecencia de Puigdemont fue recibida con críticas en Madrid, pero también con decepción e incluso algún llanto entre los manifestantes independentistas que se reunieron en las inmediaciones del parlamento regional.
La primer reacción desde el gobierno central llegó por parte de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría: "Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación".
Ámbito inexplorado
Desde ese momento, muchos especulaban con la activación del artículo 155.El del artículo 155 es un ámbito todavía inexplorado, porque nunca se desarrolló en leyes concretas y por lo tanto se desconoce cual podría ser todo su alcance.
En ese contexto, ofrece "un marco de discrecionalidad amplio", cuya aplicación y alcance dependería de la interpretación que de él quiera hacer el gobierno español.
Aunque no hay restricciones explícitas, su aplicación estaría sujeta a la aprobación "por mayoría absoluta del Senado", según dice el propio artículo.
Eso implicaría que esas medidas que el gobierno considere "necesarias" tendrían que ser concretadas y puestas a debate en un pleno parlamentario, antes de ser sometidas a votación por el senado.
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