Atornillados en la represión









El mes de abril supera, por mucho, en detenciones y muertes en protestas al convulso año 2014. Hasta el viernes se habían registrado 1.289 arrestos en manifestaciones y 21 personas asesinadas en manifestaciones. ONG denuncian un incremento de la persecusión del gobierno a los opositores
En el 2015, con la publicación de la resolución N° 8610 sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público en reuniones públicas y manifestaciones, se abrió la puerta de la violencia que se ha visto las últimas semanas


Por CLAUDIA SMOLANSKY CSMOLANSKY@EL-NACIONAL.COM | CARMEN VICTORIA INOJOSA CINOJOSA@EL-NACIONAL.COM | FLORANTONIA SINGER FSINGER@EL-

Gente cruzando el Guaire para huir de las bombas, casi dos centenares de heridos, guardias disparando lacrimógenas contra edificios, detenciones que superan el millar, acoso de grupos armados a ciudadanos que reclaman derechos en las calles, destrozos, muertos que ya superan la veintena. Lo que ocurrió en 2014 durante casi cuatro meses de manifestaciones intensas y otros tres más de conflictos esporádicos se ha repetido de manera amplificada en apenas tres semanas del mes de abril, que arranco con protestas en rechazo al despojo total que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de las competencias de la Asamblea Nacional.

La calle vuelve a ser escenario de lucha para la oposición. Los problemas que preocupaban a los venezolanos como la inseguridad, escasez e inflación, que hace tres años los motivó a exigir la salida del presidente Nicolás Maduro, no solo se mantienen, sino que se agravaron. Y a ellos se suma el reclamo por las violaciones evidentes de los derechos humanos: la exigencia de elecciones generales, la restauración de la institucionalidad, la liberación de un centenar de presos políticos y la apertura del canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas son las principales demandas en 2017. Pero al aumento de la conflictividad y del rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, le ha venido una respuesta del Estado más severa. El gobierno ha apretado con más fuerza el alicate de la represión.


“Definitivamente ha habido un incremento en el uso y abuso de las fuerzas militares no solo en las manifestaciones sino al momento de las detenciones. Antes no se veía la misma vehemencia que se aprecia ahora. Igual ocurre con los grupos armados paramilitares, claro que ya se había hecho uso de ellos, pero ya han dejado bien claro que estos grupos actúan de la mano con cuerpos de seguridad”, señala el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.

En el 2015, con la publicación de la resolución N° 8610 sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público en reuniones públicas y manifestaciones, se abrió la puerta de la violencia que se ha visto las últimas semanas. Esta norma del Ministerio de la Defensa fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos y prometió ser revisada por el defensor del pueblo, Tarek William Saab —a cuyo despacho han intentado llegar sin éxito las últimas siete marchas de la oposición.



Amparado en la norma, el gobierno ha puesto un cerco contra el derecho a la protesta pacífica. Para Inti Rodríguez, de Provea, esta resolución alienta el abuso contra manifestantes. Permite el eventual uso de sustancias y armas letales lo que constituye un grave aval para que los funcionarios policiales actúen, como se ha visto estas dos semanas: “Es un patrón represivo que se ha alentado por el gobierno. Sigue estando vigente y forma parte de esa ‘legalidad constitucional’ del país. Nos preocupa la naturalización de la militarización en el orden público, porque quienes deben encargarse son los funcionarios de la policía civil, que están entrenados en el uso progresivo de la fuerza. Pero se deja la principal responsabilidad a la GNB, que es un grupo creado para exterminar al enemigo, porque eso compone la lógica militar”.

Además, existen otros decretos que impiden el derecho a manifestar. Como el que aprobó Jorge Rodríguez en 2014: Caracas Zona Libre de Fascismo. El 15 de noviembre de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia publicó la sentencia 948 en la que prohíbe a los diputados de la Asamblea Nacional “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.

Tanto Rodríguez como Himiob coinciden en que hay un recrudecimiento de la violencia militar y policial en las protestas recientes. Himiob además advierte sobre el criterio de intimidación hacia los manifestantes así como la consolidación de una narrativa oficial que contrasta con la realidad: “Siempre criminalizan a todos los que se le oponen, ahora están afianzados con el término ‘terrorista’, antes era traidor a la patria o delincuente. No hay labor de investigación sino de intimidación general. Parece que están tratando de llenar una cuota porque las detenciones son muy desordenadas”.

El coordinador de Provea señala que el Estado está desconociendo un conjunto de recomendaciones y exhortos que han hechos órganos de protección de derechos humanos. También se viola la sentencia de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre El Caracazo, en la que se exhorta a Venezuela a abstenerse de la utilización de militares en el orden público.

“Estamos frente a una dictadura del siglo XXI, que asume un rostro hostil y autoritario, que ha proscrito el derecho a la manifestación y que hace uso más abierto de grupos de civiles armados, lo cual pone al presidente Maduro como responsable directo de las violaciones que cometan esas personas. Los paramilitares, si bien no forman parte de la estructura del Estado, han actuado con el financiamiento y dotación de armas del gobierno. Y ahora actúan con una orden directa a través del Plan Zamora para reprimir. Las muertes que se generen serán responsabilidad del presidente Maduro. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indican que el Estado es responsable de la acción de civiles armados cuando estos hayan actuado con aliento del Estado”, señala Rodríguez.


Récord de detenciones

Desde el 4 hasta la tarde del 21 de abril del 2017 el Foro Penal Venezolano verificó más de 1.289 arrestos en manifestaciones, de los cuales, más de la mitad ocurrió el día de la “mamá de las marchas”, con 628 detenciones en tan solo 12 horas. Al día siguiente, cuando la MUD convocó a repetir la manifestación en todo el país, se registraron 103 aprehensiones. De esos detenidos, 458 continúan en prisión.

La del 19 de abril fue la jornada con mayor número de detenidos en un día, superando incluso la del 8 de mayo del 2014, cuando la Policía Nacional Bolivariana y la GNB desmantelaron los campamentos de jóvenes opositores en distintos puntos de Caracas y arrestaron a 243 personas.




El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró ese miércoles otro record: ocurrieron 136 protestas masivas en todo el país.

Si se compara con las protestas de 2014, en el período desde el 4 de febrero hasta el 22 de octubre de 2014, el aumento de las detenciones es alarmante. Hace tres años hubo 3.383 detenciones en ese período, lo que significa que hubo un promedio de 376 personas arrestadas, 13 por día. Las detenciones acumuladas durante el mes de abril establecen un preocupante promedio de 75 encarcelamientos diarios.

En 2014 quedaron en libertad bajo medidas cautelares 1.982 venezolanos, lo cual representa un 58% del total de detenciones. Este año, desde el 4 hasta el 21 de abril, 70% de los detenidos está pendiente por presentación de fiadores y 34 personas quedaron presas por órdenes judiciales, casi el mismo número de personas que quedaron en prisión en 2014. Las privaciones de libertad de abril hicieron crecer la lista de presos políticos a 144, la más alta en los últimos 18 años.

El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, señala que los procesos de detención arbitraria se mantienen, pero hay un aumento sustancial en el tiempo de detención de esas personas a las que luego son liberadas sin que se les levante un expediente, por lo que en algunos casos no se reconoce que esa persona estuvo detenida. “Consignan otro patrón sistemático para dejar personas detenidas pero que no son registradas como presos. Es todo un esquema de castigo. Si seguimos con este promedio de detenidos hasta el final de año serán muchísimos más que los de 2014. Estaríamos hablando de por lo menos 8.000 privados de libertad”, afirmó.

También ha habido un incremento de las muertes. Hace 3 años 42 venezolanos fallecieron en el período de 7 meses de protestas. En los 21 días del mes de abril han asesinado a 21 personas en manifestaciones. Los ataques a centros de salud durante la dispersión de manifestaciones también se han multiplicado: en 2014 Provea contabilizó 10 de estas situaciones, en días recientes se han repetido estos incidentes en 5 ocasiones.

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Provea y otras ONG han documentado el “repertorio de abusos” de estos años para denunciarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría de la materia de la Organización de Naciones Unidas. “Estamos enviando permanentemente información de lo que ocurre, pues un contexto de democracia, donde el sistema de administración de justicia responda a las demandas, los responsables deberán responder. El presidente Maduro tiene la principal responsabilidad al ser él quien alienta la represión y las campañas de odio. A un guardia o un policía cuando les toque responder no podrán alegar que actuaron bajo órdenes; serán tan responsables como quien impartió la orden. Tenemos el caso de Colombia donde ocurrieron varias masacres en que actuaron grupos paramilitares con el Ejército. El de Panamá durante el gobierno de Manuel Antonio Noriega. Y de otros países latinoamericanos. En cada uno los Estados han sido responsabilizados. El caso de Venezuela no será la excepción”, señala Rodríguez.




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