Acostumbrados a la emergencia

La única certeza que tenemos es que nos enfrentamos a la incertidumbre















El viernes, Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea Nacional la Memoria y Cuenta 2015. No hubo sorpresas, desafortunadamente. Porque en una coyuntura como la que vivimos hace 17 años, algo inesperado sería una buena noticia. Cuando ocurre lo previsible, todo sigue igual. Y todo está muy mal.

En su Mensaje Anual a la Nación, Maduro confirmó la preocupante tesis que algunos mantienen hace tiempo: no comprende la gravedad de la crisis que enfrentamos. Estamos enfilados hacia un abismo cuya profundidad nadie puede predecir, y en cada oportunidad que se presenta para la reflexión y rectificación, se decide acelerar en la misma dirección.

Sin embargo, ese mismo día, la noticia más importante no fue la rendición de cuentas presentada por Maduro, sino el decreto de emergencia económica solicitado solo horas antes por el ministro de Economía, Luis Salas. Con éste, el gobierno impone un estado de excepción que pone en emergencia a la gente, cuando los que deberían asumir esa emergencia son quienes gobiernan, por una razón muy simple: son los que la crearon.

¿Qué pretende el ejecutivo con la implementación de esta medida? Primero, evitar cualquier control que la Asamblea Nacional pueda hacer sobre las próximas decisiones en materia económica. Además, le da más poder al gobierno para intervenir empresas privadas, poniendo a este sector ya golpeado en una situación aún más precaria. El decreto también podría permitir al gobierno restricciones sobre el sistema monetario, algo así como un “corralito criollo”.

El decreto le da un mayor margen de maniobra al gobierno, pero no presenta acciones concretas. Queda claro que para ellos los culpables de la grave crisis siguen siendo la “especulación”, la “guerra económica” y la “burguesía” y no se atacan las verdaderas causas del problema.

Queda claro que la “emergencia económica” será utilizada por el oficialismo para profundizar su modelo y no para solucionar los problemas. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto y la Asamblea Nacional debe decidir si lo aprueba o no. Una vez más, será una decisión más política que económica, porque una propuesta como esta tiene todos los incentivos para que la oposición la rechace y le dé al gobierno la oportunidad de culparla por la profundización de una crisis económica inevitable. Quizás, en el fondo, lo que buscan no es solucionar la crisis, sino tener a quien culpar.

La única certeza que tenemos es que nos enfrentamos a la incertidumbre. El oficialismo no quiere y no puede cambiar. Un modelo que no funciona y que solo ha servido para el auge de la corrupción y la ineficiencia es la verdadera causa de lo que hoy vivimos y no existe la voluntad política para cambiarlo.

Mientras tanto, nosotros seguimos viviendo en emergencia, algo a lo que ya estamos acostumbrados. 


Miguel Velarde
Editor en Jefe
@MiguelVelarde

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