El Nacional Venezuela Caracas Prensa de Información General 29 de Enero de 2016

Portada de El Nacional (Venezuela)

Agroindustria en crisis: paralizada producción de nueve rubros alimenticios

Cavidea propone al gobierno que permita el acceso a las divisas, ajuste el precio de los productos controlados, impulse la producción nacional y cumpla la LOT

La producción de alimentos descendió 10% en los últimos cuatro meses y las empresas afiliadas a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos presentan niveles críticos de materia primas, empaques, repuestos e insumos. Y no avizoran mejoras a corto plazo.
Manuel Felipe Larrazábal, presidente del gremio, informó que la industria afronta severos problemas que han ocasionado la paralización de la producción de nueve rubros de alimentos. “La situación es crítica, las categorías atún, quesos untables, salsa de tomate, carne enlatada, mortadela, avena, bebidas en polvo, flan en polvo y gelatinas no se están produciendo”.
“Otras categorías se encuentran en riesgo inminente de ser suspendidas debido a los bajos niveles de inventario y a la incertidumbre de reposición”. Actualmente se producen de manera intermitente, según la cantidad de insumos disponibles, arroz, azúcar, mayonesa, refrescos, aceite, jugos, salchichas, galletas y trigo panadero. Alertó que también faltan envases de aluminio, hojalata, de plásticos, vidrio y pet.
Larrazábal dijo en que en diciembre le informaron al gobierno las causas que dificultaban  la producción, sin embargo no aplicaron las medidas que recomendaron, y la situación empeoró.
Recordó que  la falta de divisas y el incumplimiento de pago de la deuda con los proveedores internacionales, que suma 1,6 millardos de dólares, generaron la crisis. Indicó que en 2015 el gobierno no hizo liquidaciones para honrar los compromisos y esto causó el cierre de las líneas de crédito, limitando la adquisición de materia prima, material de empaque, insumos y repuestos.
“El congelamiento ilegal de precios” que contraviene la ley de precios justos, es otro de los factores que inciden en las operaciones del sector. Señaló que muchas empresas han cerrado porque no cubren los costos de producción con los precios establecidos por el gobierno. “Los precios controlados hacen inviable la producción de las categorías reguladas. El rezago en la revisión y los incrementos insuficientes no permiten cubrir costos”, afirmó.
Mencionó que el litro de aceite está regulado en 28 bolívares y debe estar en 212 bolívares. La pasta alimenticia está congelada en 15 bolívares y solicitan aumentarla a 141 bolívares. Igual ocurre con el arroz y la harina precocida de maíz. Sus precios están controlados en 25 y 19 bolívares, pero la industria necesita que suban a 81 y 102 bolívares, respectivamente, para que sea rentable producirlo.
La situación ha imposibilitado la reinversión para aumentar la capacidad de producción, con el fin de satisfacer la demanda de alimentos de la población, expresó. Agregó que en 42% de las empresas afiliadas al gremio el ausentismo laboral registra niveles superiores a 30%. “En más de 80% de las calificaciones de despido que introducen en el Ministerio del Trabajo, el despacho no procede a la apertura del procedimiento”.
El empresario señaló que la Ley del Trabajo no se cumple y existe impunidad. “Las calificaciones de falta involucra a 1% de los trabajadores en la industria, pero afectan la productividad del 99%”.
Soluciones. El directivo expresó que aunque Cavidea no ha sido formalmente invitada por el gobierno a participar en el Consejo Nacional de Economía Productiva consideran que tienen la responsabilidad de hacer sus recomendaciones.
Aseguró que existe la oportunidad de cambiar estructuralmente la situación de desabastecimiento con la ejecución de cuatro medidas que sugirió aplicar de manera inmediata:
1. El acceso inmediato y suficiente de las divisas. El Ejecutivo debe reconocer la deuda con los proveedores internacionales. Seguidamente, definir mecanismos para el refinanciamiento del pago con términos y condiciones aceptables para los proveedores. Además, permitir el acceso a mecanismos de pagos a la vista; es decir, de contado, para que se restituya la confianza y el suministro de los insumos necesarios para la producción.
2. Incentivar la producción nacional de maíz blanco, café, arroz y cacao, en los que el país tiene ventaja competitiva y la industria nacional garantiza la compra total de la cosecha al productor. Que se asignen divisas a la industria de alimentos nacional en lugar de dirigirlas a la importación de productos terminados.
3. Que se ajuste y revisen los precios de los productos regulados para que los fabricantes puedan cubrir los costos de producción y obtener ganancias adecuadas. Destacó que es fundamental “eliminar la distorsión cambiaria y su efecto en los costos y precios”.
4. Incentivar la productividad laboral por medio del reglamento de la Ley del Trabajo. Además que se decidan las calificaciones de falta para evitar la impunidad.
LA CIFRA

1,6 millardos de dólares le debe el gobierno a los proveedores extranjeros de las industrias de alimentos. Es crítico el inventario de material de empaque.
Nota vinculada: Ni para el pan
Tomás Ramos, presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, informó que la falta de inventario de harina de trigo amenaza con la paralización de la industria y en consecuencia con el desabastecimiento de harina panadera en los próximos meses.
Pidió que se autorice y concrete, en lo inmediato, la importación de levadura, propionato de calcio, enzimas y otros insumos necesarios para la elaboración del pan y de los demás productos del sector. Indicó que sin ellos será imposible lograr y mantener la producción de estos alimentos.
Es urgente que se aprueben las autorizaciones de divisas pendientes y que se liquiden, para contar con inventarios lo antes posible y así evitar que los molinos se paralicen.
Recordó que Fevipan y la Asociación Venezolana de Molinos de Trigo le solicitaron al gobierno mantener inventarios de 100.000 toneladas en los molinos de trigo panadero, 100.000 en tránsito y 100.000 en trámites para que el pan no falte en la mesa de los consumidores.

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EDITORIAL

Cinco diputados que los rojos denominan "bancada de la patria" y el vulgo llama "gran narcopolo patriótico" fueron designados miembros de la Comisión Permanente de Contraloría, una instancia que en el período 2011-2016 estuvo presidida por Pedro Carreño quien se las echó olímpicamente al hombro, arguyendo que las materias por discutir en ella fueran delegadas a Maduro para que las resolviera como habilitado, lo que no hizo y explica por qué
campea la corrupción en el alto gobierno.
Pues sí, cinco diputados que intentarán ­esto se puede decir sin miedo a equivocar el pronóstico­ poner toda suerte de trabas para que no se investiguen los desafueros administrativos del nicochavismo. No es casual que dos milicos, Cabello y el Pollo, cuyos nombres supuestamente aparecen en las listas negras estadounidenses, se hayan integrado a la citada comisión para procurar no sólo esconder sus rabos de paja, sino advertir con antelación a sus compinches sobre las averiguaciones que se adelanten contra éstos.
A pesar de los obstáculos con que la minoría sembrará el camino a ser hollado por los parlamentarios dispuestos a encarrilar la cosa pública, no podrán seguir ocultando el enriquecimiento ilícito que han catapultado a Venezuela al primer lugar entre los países con mayor corrupción en América Latina.
Continuarán negándose a permitir que se investiguen las denuncias por peculado que la nueva mayoría quiere agilizar, para que las imputaciones no se queden en el limbo y siga reinando la impunidad que, lo largo de 17 años, ha facilitado obscenas acumulaciones de fortunas rojo rojitas mediante toda clase de manejos irregulares.
Una prueba de la terca e incomprensible negativa del PSUV de sumar sus esfuerzo para adecentar la gestión de gobierno y castigar a quienes hacen uso indebido de fondos del Estado, ha sido el rechazo de Pedro Carreño a una propuesta de Conrado Pérez, diputado opositor, para que se investigue a fondo el destino de 450 millones de dólares que estaban supuestos a ser invertidos en la construcción del acueducto metropolitano de Valera, que nunca se realizó.
Carreño objetó vehementemente la comparecencia de otro enlistado por la justicia de Estados Unidos, Henry Rangel Silva y, escudándose en la presunción de inocencia, él y sus camaradas se negaron de plano a desburocratizar el reglamento de la comisión "para eliminar las trabas a los ciudadanos en la presentación de denuncias" ante el citado órgano contralor.
Aducen que el denunciante debe poner en manos de abogados sus señalamientos, haciendo caso omiso de la sabiduría popular: si el río suena, piedras trae.
No ha sido muy edificante la faena de la minoría obstruccionista (que no haya en qué palo ahorcarse) que arguyó tembleques refutaciones a las graves denuncias de Freddy Guevara, integrante de la MUD y presidente de la comisión cuando este les dijo: "En este país no se sabe dónde están 300.000 millones de dólares y hay gente que muere por falta de medicinas". Agarren ese pollo ahí, desplumado.



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