El Nacional Venezuela Caracas Prensa de Información General 25 de Enero 2016

Portada de El Nacional (Venezuela)

El TSJ no ha solicitado al CNE la información de elecciones impugnadas


Nueve diputados aún están amenazados, seis de la MUD y tres del PSUV. Recusaciones a magistrados retrasan el proceso
Trece curules de la Asamblea Nacional han sido tocados por la guerra de impugnaciones a los resultados de las parlamentarias que comenzó el chavismo. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió los efectos de la elección de cuatro de esos diputados (todos los de Amazonas y el representante indígena de la Región Sur) y están amenazados nueve más: los representantes de los siguientes circuitos: 2, de Yaracuy; 2, 3 y 4, de Aragua; 4, de Falcón (impugnados por el oficialismo), y los de las circunscripciones 2 y 3, de Guárico (objetados por la oposición).
Pero fuentes del Consejo Nacional Electoral afirman que la Sala Electoral del TSJ no les ha solicitado los antecedentes administrativos de esos comicios, que es el primer requisito para evaluar la pertinencia de las impugnaciones.
La Ley Orgánica del TSJ, en su artículo 184 señala que la Sala Electoral debe solicitar al CNE los antecedentes administrativos de cada caso y “la remisión de un informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con la demanda que deberán ser remitidos en un plazo máximo de tres días hábiles”.
José Vicente Haro, constitucionalista, afirmó que el CNE debe entregar los expedientes con las actas de totalización, las proclamaciones, las auditorías y la data electoral que tenga los elementos indispensables para analizar cada caso.
“Solo si se demuestra que hubo un ilícito electoral que pueda revertir el resultado de las elecciones, la Sala Electoral podría ordenar que se realicen otros comicios”, aclaró.
El artículo 170 de la Ley de Procesos Electorales señala que si se ordena repetir una elección, deberá realizarse entre 6 a 12 meses después de la fecha de publicación de la sentencia.
Haro advierte que este tipo de procesos, por su alto contenido político, suele demorar mucho tiempo: “99% de las sentencias del TSJ sale fuera de los lapsos. Esto podría extenderse hasta finales de año. En caso de que haya que repetir alguna elección, por economía electoral, se podría unir con las de gobernadores”.
Héctor Peña Solís, ex presidente de la Sala Electoral del TSJ, afirmó que ya el máximo tribunal debió pedir los antecedentes administrativos al CNE, documentos que considera fundamentales porque son la única herramienta para comprobar si hubo irregularidades en los comicios.
“Me parece que saben que no van a encontrar nada, por eso se tardan. Porque en la información del Poder Electoral no solo deben evidenciarse las irregularidades denunciadas, sino que además tienen que tener un efecto determinante en la elección. Si hay diferencias holgadas entre los candidatos, no se puede anular la elección. Quizá no hay suficientes pruebas y solo se le quiere dar largas a esto”, agregó.
Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea y uno de los diputados impugnados, descartó que prosperen las impugnaciones que permanecen en el TSJ, por diversos motivos.
Primero, porque a su juicio la única intención del chavismo fue arrebatar tres diputados a la MUD (los de Amazonas). Segundo, porque los parlamentarios, “a diferencia de Amazonas donde se usó una grabación ilegal”, están impugnados por los votos nulos, algo que el diputado considera absurdo.
“Si llegara a prosperar solo una de esas impugnaciones, se tendría que suspender toda la elección por la gran cantidad de votos nulos; incluso se tendría que suspender la elección de Nicolás Maduro como presidente en 2013”, señaló.
Calzadilla afirmó que el retraso del TSJ también tiene que ver con el riesgo de un choque entre los poderes Electoral y Judicial: “Si prospera se desestimaría el criterio del CNE, de sus rectores y de su presidenta que firmó esas proclamaciones. Además, estamos seguros de que los antecedentes administrativos del CNE respetarán lo que ocurrió en cada elección y se validará el criterio institucional. Si eso prospera, se bombardea al sistema electoral y se da un golpe de Estado a la soberanía popular”.
El diputado aclaró que la MUD se defenderá ante instancias internacionales: “La demanda no especifica ni en qué mesas se cometieron los supuestos delitos. No se puede impugnar un proceso electoral sin que quede clara cuál es la mesa del problema”.
El constitucionalista Gerardo Fernández afirmó que revisar las impugnaciones podría demorar aproximadamente tres meses mientras se notifica a los interesados, se presentan las pruebas y las conclusiones.
Advirtió que la inmunidad parlamentaria no tiene que ver con el procedimiento judicial y que si las pruebas demuestran que hubo fallas en alguna elección, tendrá que repetirse.
José Luis Cartaya, segundo secretario de la AN, descartó que la Sala Electoral del máximo tribunal llegue a suspender la elección de otro diputado de la alianza.
“El PSUV, la MUD y el CNE tienen todas las actas que expresan claramente cuáles fueron los resultados”, afirmó.

Los pasos. Las impugnaciones que se presentaron ante la Sala Electoral se hicieron a través de recursos contenciosos electorales, cuyo lapso de presentación venció el viernes, 15 días hábiles después de la elección, de acuerdo con el artículo 213 de la Lopre.
Lo que ahora ocurrirá con los nueve diputados amenazados se rige por la Ley Orgánica del TSJ, que señala que luego de pedir los antecedentes administrativos ante el CNE, la Sala Electoral notifica a las partes de su citación (artículo 118) y luego viene el lapso probatorio de cinco días de despacho.
Para la evacuación de pruebas se conceden 10 días de despacho y luego se fija un día para presentar los informes orales, en los que las partes denuncian o se defienden. Finalmente, la Sala tiene 15 días de despacho para tomar una decisión.
Algo que podría demorar aún más el proceso –y quizá sea la razón por la que no se ha pedido información al CNE– es que la MUD recusó a todos los magistrados de la Sala Electoral el 30 de diciembre.
Los magistrados enviaron a Gladys Gutiérrez, presidente del TSJ, los informes de la recusación para que decida si los señalamientos en su contra tienen fundamentos.
Haro aseveró que no se puede avanzar si hay una recusación: “La presidencia del TSJ debe abrir una articulación probatoria para ver si los argumentos de las recusaciones están justificados y, si hay razones para que los magistrados se inhiban, deberían separarse y convocar a sus suplentes. Eso puede tardar más de un mes”.
Hasta el domingo en la tarde no había movimiento en la página web del máximo tribunal sobre ninguna de las impugnaciones.
Elección idéntica

En caso de repetición de una elección, el artículo 170 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es claro: tiene que hacerse en las mismas condiciones en las que se hicieron el 6 de diciembre. “La repetición de votaciones de un proceso electoral se hará bajo las mismas condiciones en que este se celebró (…) con el mismo número de electores inscritos en la o las mesas electorales en las cuales se repite la elección, con los mismos candidatos que participaron y con idénticos instrumentos y material electoral utilizados”, señala el texto.  La pretensión del oficialismo de que el representante indígena de la Región Sur solo sea escogido por los pueblos indígenas y no por todos los electores de sus estados no podría concretarse.
La presidente del Parlamento Indígena de América, capítulo Venezuela, Aloha Núñez (PSUV), informó que el oficialismo solicitó a la Sala Constitucional del TSJ la interpretación del artículo 125 de la Constitución (participación política de los pueblos indígenas), para que se permita solo a los pueblos indígenas elegir a sus representantes y no a todo el padrón electoral. Dijo que así ganaría el chavismo.



10 objeciones llegaron al TSJ

√  Entre el 28 y 29 de diciembre la Sala Electoral recibió 7 impugnaciones a la elección de 10 diputados: 9 de la MUD y 1 del PSUV.
    Uno impugnó la elección en todo Amazonas. El documento fue presentado por Nicia Maldonado, asistida por la abogada Ligia Carolina Gorriño, empleada de la Alcaldía de Libertador.
    Fue al que la Sala Electoral le aceptó la solicitud de medida cautelar, por lo que ordenó suspender los comicios en la entidad.
    En esos dos días el PSUV también impugnó la elección en el circuito 1 de Amazonas; 2 de Yaracuy; 2, 3 y 4 de Aragua, y al representante indígena en la Región Sur.

√  El 7 de enero el TSJ recibió una impugnación interpuesta por Andrés Eloy Méndez candidato a la reelección por el circuito 4 de Falcón.

√  El 11 de enero, Diana Camaripano, candidata de la MUD en el circuito 3 de Guárico, impugnó la elección. Objetó el procedimiento en 13 mesas.

√  El 20 de enero se originó la segunda impugnación de la MUD, también en Guárico, en el circuito 2, por la candidata Rummy Olivo.


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¿Revolución o mal negocio?

En una frase afortunada y certera, el intelectual mexicano Enrique Krauze, avisaba que cuando cayera la revolución bolivariana lo que se encontraría en los archivos y documentos oficiales dejaría perplejos a los investigadores de la historia de América Latina, debido a la cuantía y variedad de los disparates cometidos por esta revolución que, en verdad, nunca existió sino someramente en la palabra de un grupo de vendedores de feria.
Sin el menor conocimiento de las cuestiones del Estado, sin estudios económicos profundos y serios, sin ningún fundamento ideológico o político, sin el conocimiento de las leyes y las prácticas burocráticas para conducir un gobierno, estos trepadores y aventureros decidieron, a la sombra de un samán centenario, que ellos eran capaces de darle un vuelco a la historia de este país. En realidad, novatos e ineptos como eran y siguen siendo, lo que le dieron a Venezuela fue una verdadera voltereta, de la cual hoy estamos recogiendo los vidrios rotos.
A la falta de materia gris, este grupo de aventureros especialistas en una sola materia, el fracaso, acudieron a la contratación de prótesis mentales para tratar de darle algo de contenido a sus equivocados propósitos.
Abierta la puerta a los mercenarios del pensamiento, estos ni cortos ni perezosos exigieron las mismas condiciones equivalentes a un prestigioso consejero de Wall Street (alojamiento de lujo, viaje en jet privado o asiento de primera clase, chofer, línea de celular encriptada, playa privada en Los Roques o en La Orchila, dama de compañía, etcétera).
Luego esgrimieron sus tarifas en euros y dólares que, en conjunto, sobrepasaban con creces las exigencias de cualquier estrella internacional del rock. El régimen rojo rojito, preñado de petrodólares, le concedió todo y más. Incluso sirvieron de puente para que los gobiernos socialistas de Europa atraparan negocios y vendieran aquí su producción de excedentes agropecuarios, compraran armamentos y activaran sus alicaídos astilleros.
América Latina no quedó fuera del festín. En nombre de la “solidaridad entre los pueblos”, países como Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y el archipiélago de pedigüeños del Caribe, le dieron innumerables mordiscos a granel y sin compasión a nuestro presupuesto, es decir, nos abrieron la cartera y gastaron el dinero que no era de ellos, pero que un novato presidente colocaba en sus manos sin condiciones ni exigencias severas de pago.
En este festín destacan dos países, Cuba y Nicaragua. Desde luego Fidel Castro no iba a perder esa oportunidad que se colocaban en bandeja de plata. Pidió petróleo a precios bajos y sin intención alguna de pagarlo, nos alquiló médicos, entrenadores deportivos, y todo ese montón de profesionales desempleados que tenía de vagos en la isla.
Lo más grave y doloroso es que, mientras nos robaban, unos fanáticos venezolanos aplaudían y ondeaban banderas, lanzaban consignas y pegaban carteles a favor de los ladrones. 


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